Lenguas con reconocimiento autonómico en España

Los sucesivos gobiernos españoles han tratado de dar un estatus oficial en la Unión Europea a las lenguas de las comunidades autónomas de España, catalán, gallego y vasco. La 667ª reunión del Consejo de la Unión Europea en Luxemburgo el 13 de junio de 2005, decidió autorizar un uso limitado a nivel europeo de las lenguas reconocidas por los Estados miembros distintas de los idiomas oficiales de trabajo. El Consejo otorgó el reconocimiento a "idiomas distintos de los idiomas mencionados en el Reglamento no 1/1958 que estén reconocidas por la Constitución de un Estado miembro en todo o parte de su territorio o cuyo uso está autorizado por ley". El uso oficial de estas lenguas sería autorizado sobre la base de un acuerdo administrativo celebrado entre el Consejo y el Estado miembro requirente.

Aunque el vasco, el catalán, y el gallego no son oficiales en toda España, sino cooficiales en sus respectivas regiones, de conformidad con la Constitución española, tienen derecho a beneficiarse de su uso oficial en las instituciones de la UE en los términos de la resolución del Consejo de la Unión Europea del 13 de junio de 2005. El gobierno español accedió a las disposiciones en materia de idiomas.

El estado del catalán, hablado por más de 9 millones de ciudadanos de la UE (1,8% del total), ha sido objeto de debate en particular. El 11 de diciembre de 1990, el uso del catalán fue objeto de una Resolución del Parlamento Europeo (Resolución A3-169/90 de idiomas y la situación del catalán [OJ-C19, 28 de enero, 1991]).

El 16 de noviembre de 2005, el presidente, Peter Straub, del Comité de las Regiones firmó un acuerdo con el embajador español en la UE, Carlos Bastarreche Sagües, que aprobaba el uso de las lenguas regionales españolas en una institución de la UE por primera vez en una reunión sobre ese día, con servicios de interpretación por intérpretes de la Comisión Europea.

El 3 de julio de 2006, la Oficina del Parlamento Europeo aprobó una propuesta por parte del Estado español para que los ciudadanos pudieran hacer frente al Parlamento Europeo, en vasco, catalán y gallego, dos meses después de su rechazo inicial.

El 30 de noviembre de 2006, el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, y el embajador español en la UE, Carlos Bastarreche, firmaron un acuerdo en Bruselas para permitir a los ciudadanos españoles dirigir sus quejas al Defensor del Pueblo en vasco, catalán y gallego, los tres idiomas cooficiales en España.¹⁸ Según el acuerdo, un organismo de traducción, que se crearía y financiaría por el gobierno español, sería el responsable de la traducción de las quejas presentadas en estas lenguas.

Fuente: wikipedia